Integración o exclusión: lo que está en juego en el sur profundo

Los pueblos de la Cuenca Carbonífera —Río Turbio y 28 de Noviembre— no fueron creados desde un escritorio ni se desarrollaron bajo control migratorio. Su identidad nació del contacto permanente con Chile, de la convivencia entre comunidades que compartieron trabajo, cultura, afectos y desafíos. Del otro lado de la frontera, los pueblos chilenos también crecieron en esta lógica de integración viva. No es un símbolo: es un modo de existencia concreto.

Por eso, el Decreto 366/2025 del presidente Javier Milei, que impone requisitos restrictivos, seguros internacionales, declaraciones juradas y autoriza expulsiones inmediatas, no es una simple norma técnica. Es una fractura de la vida democrática, que si bien es dinámica y conflictiva, encuentra en estas medidas neoliberales un retroceso brutal: un desconocimiento absoluto de los lazos culturales, de la construcción social y geopolítica histórica de la región, y de los principios constitucionales que rigen la soberanía, la integración y los derechos humanos.

Lo que se impone aquí no es una política pública sino una ciudadanía de baja intensidad, tecnócrata y excluyente, que desoye el mandato constitucional y desprecia la historia real de nuestros pueblos. Se pretende sustituir el vínculo humano por un filtro burocrático; la memoria, por un formulario.

Tampoco se tiene en cuenta el marco normativo que regula la relación entre Argentina y Chile. Tratados binacionales como el Tratado de Maipú, firmado por ambos países, establecen claramente cómo deben construirse los vínculos de cooperación, facilitación y desarrollo común en zonas de frontera. El decreto va en sentido contrario: no solo es inconstitucional, sino que viola compromisos internacionales.

Nuestros pueblos nacieron y se sostienen desde esta lógica de interacción. Lo mismo ocurre en toda la Patagonia austral, donde comunidades argentinas y chilenas conviven a poca distancia, en algún caso separadas solo por una calle (Los Antiguos/Chile Chico). Desconocer eso es negar la realidad.

Este no es un debate menor ni aislado. Es un conflicto político que obliga a repensar los futuros esquemas de derechos, y a reafirmar que hay líneas que no se negocian. La integración no es un eslogan: es la base de una soberanía plural, popular y justa. Y no puede ser atropellada por decisiones unilaterales tomadas desde el centro, sin escuchar ni comprender a los territorios.

Desde el sur profundo, defendemos la ciudadanía plena: aquella que no se impone desde arriba, sino que se construye con dignidad, con memoria, y con una visión de país que reconozca a todos sus pueblos, sin excepción.

Se deberá pedir a través de nuestros representantes la derogación inmediata del Decreto 366/2025 y la apertura de un diálogo federal real, que deje de construir obstáculos donde históricamente tejimos puentes. Porque lo que está en juego no es solo el cruce de una frontera: es el derecho a vivir y proyectar una vida común, con identidad y con justicia.