Mirada Sur
Hay momentos en que la política local deja de discutirse en el terreno de la anécdota y empieza a hablar el lenguaje de los principios. Lo ocurrido esta semana entre el gobernador Claudio Vidal y los intendentes pertenece a esa segunda categoría. No se trata simplemente de un cruce de declaraciones ni de la respuesta airada de dos jefes comunales ante una acusación incómoda. Se trata, en el fondo, de una discusión sobre qué lugar ocupan Río Turbio y 28 de Noviembre en el mapa de decisiones de Santa Cruz, y sobre cuánto vale, en los hechos, la autonomía municipal cuando se la pone a prueba.
El gobernador sugirió que intendentes opositores habrían pedido dinero en efectivo a cambio de acompañar el endeudamiento provincial por 600 millones de dólares. La cuestión fue repudiada por todo el abanico político provincial, y se defendió a los municipios.
En los pueblos de la cuenca Aravena calificó la versión de "totalmente falsa" y anunció el envío de una carta documento. Menna, con otro registro pero la misma firmeza, pidió que si existen hechos irregulares se denuncien por las vías institucionales, no se instalen en una entrevista de radio. Ambos coincidieron en algo que trasciende la anécdota puntual, y es que las acusaciones sin pruebas erosionan la posibilidad misma de construir consensos en un momento en que la provincia necesita, más que nunca, remar para el mismo lado.
Conviene detenerse en el contraste de estilos, porque ahí se revela algo interesante sobre la forma en que la Cuenca construye su defensa. Aravena eligió el combate frontal. Habló de extorsión, cuestionó que la consulta que originó la polémica "estuviera armada", y llevó el reclamo a lo territorial al señalar que la Cuenca recibiría apenas el 1,5 por ciento de los fondos del endeudamiento. Menna, en cambio, apeló a un registro más institucional. Exigió responsabilidad al Ejecutivo provincial, reclamó que la obra pública se planifique antes de definir el financiamiento, y puso el acento en la autonomía demostrada por Río Turbio al pagar aguinaldos y aumentos con recursos propios, sin asistencia de la Provincia. Uno ataca, el otro resiste. Pero los dos terminan reivindicando lo mismo, que los municipios de la Cuenca no van a subordinar su gestión a un cálculo de conveniencia política.
Ese punto de unión es el que merece leerse con atención. Los dos intendentes coinciden en reclamar que el Fondo UNIRSE, nutrido por aportes vinculados a la actividad minera, se reparta según los índices de coparticipación entre los quince municipios de la provincia y no quede sujeto a la discrecionalidad del Ejecutivo. Los dos coinciden en que el endeudamiento de 600 millones de dólares no resuelve la urgencia inmediata de Santa Cruz, porque el dinero ingresará de manera gradual y este año ni siquiera se completará el veinte por ciento del total. Y los dos coinciden, sobre todo, en denunciar una misma lógica de fondo, la de una asistencia provincial que parece condicionada al respaldo político antes que a la necesidad real de cada comuna. Cuando Aravena habla de extorsión y Menna se pregunta si condicionar la ayuda a "levantar la mano" para una deuda en dólares no es exactamente eso, ambos están describiendo el mismo mecanismo con palabras distintas.
Lo que emerge de estas dos excpresiones, leídas en conjunto, es algo más que una reacción defensiva. Es el esbozo de una doctrina política para la región, la que sostiene que la Cuenca no negocia su institucionalidad. Que las acusaciones públicas sin sustento se responden en la Justicia y no en el terreno de la especulación mediática. Que el federalismo interno no puede depender de la buena voluntad de turno, sino que necesita reglas claras y coparticipación efectiva. Y que la autonomía municipal, lejos de ser una consigna abstracta, se demuestra en los hechos cotidianos, en pagar salarios cuando la Provincia no asiste, en sostener hospitales, escuelas, cloacas y seguridad con recursos propios mientras se espera una retribución que no llega.
Hay algo que merece destacarse en el tono elegido por ambos jefes comunales, y es la insistencia en no personalizar el conflicto como una cuestión de rispideces políticas. Menna lo dijo con claridad; no busca que le vaya mal al gobernador, quiere que a Santa Cruz le vaya bien, pero que eso exige diálogo, claridad y respeto por todos los municipios. Aravena, con su estilo más combativo, tampoco esquivó el fondo institucional del reclamo al recordarle al gobernador que ya lleva casi tres años de gestión y que las respuestas las tiene que dar quien gobierna. En ambos casos, la crítica no busca desestabilizar sino ordenar. Pide reglas, no favores. Pide transparencia, no promesas.
La Cuenca Carbonífera lleva años ocupando un lugar postergado en la distribución de recursos provinciales, y esta vez sus intendentes decidieron no dejar pasar la acusación sin respuesta. Que Río Turbio y 28 de Noviembre hayan encontrado, desde matices distintos, una misma línea de defensa dice mucho sobre la madurez política de una región que empieza a exigir, con fundamentos y sin estridencias innecesarias, el lugar que le corresponde. La discusión ya no es si Vidal tiene razón o no en su acusación puntual. La discusión, la verdadera, es si Santa Cruz está dispuesta a construir un federalismo interno basado en normas y coparticipación, o si va a seguir funcionando bajo la lógica de la asistencia discrecional como moneda de disciplinamiento político. En esa discusión, la Cuenca ya tomó posición.
