Mirada Sur
Este lunes, una vez más, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura se negó a tratar el pedido de desafuero del diputado Fernando Españón, solicitado formalmente por la Justicia provincial a través del Oficio N°535/25. La causa incluye al menos tres denuncias por abuso sexual. La decisión de no tratarlo no fue técnica: fue política. El oficialismo de SER Santa Cruz optó por proteger a uno de los suyos, desoyendo a la Justicia y evitando que las víctimas accedan al debido proceso.
“Se manejan como patrón de estancia”, denunció el diputado Eloy Echazú (UxP-PJ), visiblemente indignado por el blindaje que el oficialismo vuelve a ofrecer. “Dilatan todo, encubren a una persona que debería ser apartada del cuerpo legislativo para que pueda declarar como cualquier ciudadano”, agregó. Y no es la primera vez: ya van varias sesiones donde el pedido judicial queda fuera del temario, bajo el silencio cómplice de quienes se llenan la boca hablando de institucionalidad.
Lo curioso —o escandaloso— es que esto ocurre en la misma semana en que el gobernador Vidal impulsa una Ley Electoral Transitoria con tono modernizador, hablando de “boleta única” y “calidad institucional”. ¿Qué institucionalidad puede defender un espacio político que cajonea causas penales graves contra uno de sus legisladores?
Más aún: Españón fue recientemente expulsado del Partido Justicialista, lo que dejó al descubierto una ruptura definitiva con los principios históricos del movimiento. Pero eso no significó ningún tipo de autocrítica del gobierno ni de su bloque legislativo. Lo mantienen en su banca, con fueros, y sin someterlo a la Justicia.
En paralelo, mientras las víctimas esperan ser escuchadas, el oficialismo se dedica a redactar nuevas reglas de juego electoral, como si no hubiera una urgencia moral que resolver. La doble vara es total: se deroga la Ley de Lemas que los llevó al poder, se expulsa a dirigentes que ya no sirven políticamente, pero se protege a quienes enfrentan causas por abuso sexual.
El mensaje es claro: en Santa Cruz, la reforma electoral no viene acompañada de una reforma ética. Y mientras el poder se recicla y los discursos se lavan con palabras como “consenso” y “transparencia”, la Justicia sigue esperando que le abran la puerta. Y las víctimas, también.
