Mirada Sur
Integrantes de la junta interna de ATE Punta Loyola se reunieron con el jefe de gabinete provincial, Daniel Álvarez, para entregar un documento con un diagnóstico detallado sobre la situación actual de Yacimientos Carboníferos Río Turbio y solicitar una audiencia con el gobernador Claudio Vidal.
El planteo se basa en que la intervención encabezada por Pablo Gordillo responde a decisiones con fuerte implicancia provincial, dado que “la provincia es la propietaria del recurso carbonero”, en línea con la Constitución Nacional de 1994. Entre los puntos destacados, los trabajadores alertaron sobre la falta de insumos, la entrega de materiales valiosos como chatarra, la paralización del Puerto Presidente Illia y la ausencia de garantías laborales y previsionales. También objetaron la valuación de la empresa en 260 millones de dólares, considerándola una subvaluación.
“El Interventor reconoce que solo envía información a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, pero se desconocen los procesos reales de transformación”, advirtieron, y reclamaron definiciones sobre el rol del Estado Nacional en el futuro de la empresa. Si bien destacaron el buen diálogo con Álvarez, insistieron en que se necesita una respuesta política urgente ante la incertidumbre que atraviesa el yacimiento.
TiempoSur/MiradaSur
