Que no se apaguen esas luces

El sol no se puede tapar con las manos. Esta verdad antigua cobra vigencia en la Cuenca Carbonífera en estos días de noviembre, cuando las manifestaciones de la realidad social comienzan a filtrarse a través de los velos que levantaban las campañas electorales y los cálculos sectoriales. Desde que el Decreto de Necesidad y Urgencia y la Ley Bases habilitaron el proceso de privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la cuestión social ha dejado de ser un asunto velado para convertirse en un problema que toca directamente la vida de los pueblos de la Cuenca, de sus trabajadores, de sus familias.

Hace un mes las urnas hablaron. Los gremios vinculados a YCRT, aquellos que expresaron abierta y públicamente su afinidad con el candidato a legislador nacional propuesto por el sector del gobernador Claudio Vidal, experimentaron una derrota contundente. Ampliamente rechazaron al hasta ahora Ministro Jefe de Gabinete Daniel Álvarez, al tiempo que los trabajadores del carbón votaron mayoritariamente en otras direcciones, alejándose también de Jairo Guzmán de La Libertad Avanza, cuya dureza contra la empresa estatal los había marcado. El 3 de diciembre asumirán como diputados nacionales Juan Carlos Molina y Moira Lanesan Sancho por el peronismo kirchnerista, mientras que la provincia tendrá representación de la línea política del presidente Javier Milei. El panorama cambió, pero la privatización nunca se detuvo.

Desde que la Ley Bases habilitó en el ámbito nacional el área dedicada a las privatizaciones de empresas estatales, YCRT ha permanecido en ese carril. Intervenida desde el año 2002, la empresa sigue bajo intervención estatal, aunque ahora bajo una nueva figura jurídica, Carboelectrica Río Turbio SA. El interventor actual es Pablo Gordillo, un ex hombre del kirchnerismo que en su momento se vinculaba con esquemas de Planificación Federal y que mantiene nexos con ex funcionarios kirchneristas que hoy ocupan posiciones relevantes en el gobierno provincial, sigue allí, estéril como el residual de la planta depuradora. Pero lo cierto es que mientras la estructura administrativa permanece en este limbo de intervención y transición, los trabajadores del yacimiento llevan años acumulando frustraciones, incumplimientos y promesas inconclusas.

Los gremios que alguna vez expresaron sus preferencias electorales hacia candidatos vinculados al esquema de Vidal comienzan a mutar. La APS ya ha cambiado su conducción, otros están en vías de hacerlo. Pero lo que ya se manifiesta con claridad es la preocupación y la incertidumbre que envuelve a los trabajadores del carbón. Han rechazado el proyecto político que se les proponía desde ciertos sectores sindicales y comienzan a buscar nuevos rumbos, nuevas formas de representación que atiendan sus derechos. Es en este contexto donde el Sindicato ATE Seccional Río Turbio convocó a paro total desde las cero horas del miércoles 26 de noviembre, anunciando una medida de fuerza que busca visibilizar años de incumplimientos y negligencia que han ido profundizándose.

Los reclamos que ATE ha puesto sobre la mesa son concretos y reflejan una acumulación de dolor laboral. El despido de un compañero que el gremio defiende y por quien pide revisión del caso. La falta de equipamiento de protección personal, aquello que permite a los mineros trabajar en condiciones mínimas de seguridad en esas galerías subterráneas donde el riesgo es constante. El incumplimiento en el pago de la BAE y pasajes de los años 2023 y 2024, dinero que trabajadores y sus familias necesitan para vivir. El incumplimiento en el pago del complemento jubilatorio que afecta a quienes están próximos al retiro, quienes después de décadas de labor en la profundidad de la tierra merecen la dignidad de una jubilación cumplida. La falta de inversión que paraliza la operatividad del yacimiento, la escasez de insumos esenciales para desarrollar las tareas cotidianas, la deuda en el pago de la cuota sindical, responsabilidad que le corresponde al empleador estatal. Estos no son reclamos abstractos, son la manifestación tangible de un sistema que se desmorona mientras se espera que algo nuevo emerja de sus ruinas.

El gremio expresó que la decisión de convocar al paro surge ante la falta de respuestas sostenidas en el tiempo a reclamos que han sido formulados una y otra vez sin obtener resoluciones. Desde ATE indicaron que permanecerán en estado de alerta y asamblea permanente a la espera de una convocatoria formal que permita avanzar en soluciones concretas. La conducción sindical llamó a las autoridades a abrir un canal de diálogo urgente para evitar que el conflicto se profundice. Pero el paro tiene también otra dimensión, una que va más allá de lo puramente sindical. Hay preguntas que flotan en el aire, interrogantes sobre si esta medida busca también que Pablo Gordillo encuentre motivos para alejarse elegantemente de un cargo en el limbo donde ha permanecido.

Mientras esto ocurre, hay otras tensiones que conviven en la Cuenca. El sindicato de ferroviarios ha vuelto a denunciar la falta de mantenimiento y equipamiento para las formaciones de trenes que transportan carga carbonera desde el yacimiento hasta el puerto de Punta Loyola. Ha habido momentos en que locomotoras se salen del carril durante maniobras, situaciones que generan no solo peligro para los trabajadores sino también incertidumbre en las operaciones. En las redes sociales hubo una tensión desinformativa donde se habló de descarrilamiento cuando en realidad fue un problema mecánico puntual, pero los problemas estructurales persisten. Y luego está la vieja práctica patronal que hemos visto repetirse una y otra vez: tomar el caso de un trabajador en tensión y conflictividad laboral, generalizarlo, crear un antecedente que luego se utiliza para justificar otras acciones. El gremio lo defiende porque entiende que esta es la táctica que siempre ha funcionado. Un caso hoy, varios mañana, y después un golpe masivo al azar. Una forma "elegante" de erosión de derechos del neoliberalismo recalcitrante.

Pero hay otras preguntas que merecen respuesta y que van más allá del paro inmediato. Qué será de Carboelectrica Río Turbio SA, esa nueva figura jurídica que aún permanece en construcción. Si habrá llamado a negociación colectiva de trabajo con los sindicatos, si se fijará un nuevo convenio colectivo que establezca las bases de esta relación laboral renovada. Cómo avanzará el presupuesto nacional y provincial sobre el yacimiento en estos últimos días del año. Cómo seguirá la relación entre Vidal y la Nación sobre el destino de YCRT. Con qué esquema avanzará la nueva figura jurídica y con qué empresas se asociará. Qué pasará con YCRT SA, la de la intervención desde 2002. Se disuelve o servirá como entidad para incorporarse al nuevo esquema con empresarios que levantarían esa figura. Preguntas complejas que tienen raíces profundas en decisiones que se toman muy lejos de la Cuenca.

Lo cierto es que mientras esto ocurre, el gobernador Vidal se enfoca en las regalías petroleras. Necesita que ingrese dinero a Santa Cruz ante una fuerte caída de la coparticipación federal que por efecto dominó afecta a todos los municipios, no solo a aquellos a los que el gobierno provincial decide negarle fondos y ahogarlos financieramente por ser de "otro palo" político, sino a todos los municipios, porque quebraron la econmía provincial. Ha pagado sueldos desdoblados, algo que no sucedía en más de treinta años en la provincia, situación que refleja la gravedad de la crisis fiscal, se avanza en el discurso de lo productivo, pero en estos dias hay jóvenes estudiantes que no terminarán el año lectivo, ni completo, ni tampoco en sus edificios escolares.

Sobre el yacimiento carbonífero, la reducción parece centrarse en el hecho de que por derecho constitucional la provincia es la dueña originaria de los recursos, no solo el petróleo sino también el carbón. Pero qué pasa con la energía que YCRT genera, con la cinta detenida, sin acopio en la central térmica. No todo puede reducirse a ver esas formaciones de 36 vagones con tonelada y media cada uno yendo a Punta Loyola para buques que navegan hacia Brasil, donde no está del todo claro si el negocio es la compraventa del commodity carbón o la facilidad del FOB, es decir, poner el carbón en el buque, mover el buque, y mover el puerto (donde allí ya hay otros intereses de otros grandes empresarios).

Hay mucho por ver y plantear, ciertamente mucho más que esto, pero primero lo primero. Es tiempo de dar vuelta de página a lo electoral porque allí se equivocaron y perdieron. Los sindicatos que una vez firmaron una misiva para respaldar a un candidato que terminó siendo ampliamente rechazado por los trabajadores cometen un error al no reconocerlo y hacer como que es algo que pasó, así nomás, de costado.

Ahora es momento de mirar hacia los derechos de los trabajadores con el enorme peso histórico de las luchas y los logros en los movimientos obreros de la Cuenca Carbonífera. No estaría mal que así como se movilizaron en torno a preferencias electorales, se recompongan en una misiva intersindical que convoque nuevamente a una mesa de negociación, que incluya a los intendentes de los pueblos de la Cuenca, a los representantes directos del pueblo que son los diputados nacionales que asumirán el próximo 3 de diciembre y a los dipuados provinciales de la cuenca, y que se enfoque con claridad en los temas que importan, como las condiciones dignas de trabajo, la seguridad de los mineros, las deudas laborales, la inversión en el yacimiento, el futuro de la empresa estatal, y más.

El sol comenzó a brillar diferente el día de las elecciones. Ahora no se trata de tapar esa luz sino de iluminar con ella el camino hacia los derechos de quienes hacen posible que la Cuenca Carbonífera siga siendo clave en el mapa geopolítico del país.