Mirada Sur
Las tensiones políticas en torno al futuro de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) comienzan a profundizarse. Con la aprobación de la Ley Bases, el gobierno nacional ya cuenta con las herramientas legales para avanzar en la transformación de la empresa carboeléctrica en una Sociedad Anónima con mayoría estatal (51%), figura jurídica que marca un cambio de etapa y una redefinición del marco institucional.
El proceso está siendo llevado adelante por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), el área creada específicamente para ejecutar las reformas en el conjunto de empresas estatales. Mientras tanto, el actual interventor Pablo Gordillo —designado a través de un acuerdo político entre Nación y el gobernador Claudio Vidal— anunció que se encuentra próximo a dejar el cargo, abriendo aún más interrogantes sobre la conducción de esta nueva fase.
En este escenario de incertidumbre, el gremio ATE ha manifestado de manera reiterada su preocupación por la falta de diálogo real. La principal crítica es que hasta el momento no se ha convocado a los trabajadores ni a sus representantes a participar de la redacción del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo, un requisito fundamental para el funcionamiento bajo la nueva figura societaria. Como han señalado desde el sindicato, no existe ningún proceso formal de consulta ni trabajo conjunto.
En ese contexto, las declaraciones realizadas ayer por Jairo Guzmán —referente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, actual funcionario del PAMI y precandidato a legislador nacional— agitaron aún más las aguas. En una entrevista en redes sociales, Guzmán afirmó que “la empresa debe achicarse” y que “el Estado no puede seguir financiando una estructura deficitaria”, sugiriendo que YCRT debe desprenderse de personal para ser “competitiva”.
Pero sus palabras fueron más allá: al describir el proceso como si se tratara de una privatización directa, demostró un desconocimiento básico sobre la figura jurídica votada por su propio espacio político. Confundió Sociedad Anónima con participación estatal con concesiones o privatizaciones plenas, evidenciando poco manejo del marco legal y productivo que rige la empresa.
Más allá de esa ignorancia técnica, lo que quedó en claro es la línea de fondo del planteo: avanzar en un recorte profundo del plantel de trabajadores. Esta posición generó una inmediata reacción desde el plano gremial y legal. El abogado laboralista León Obregón, en representación de ATE, denunció la intención de vaciar derechos a través de un “decretazo”, remarcó la vigencia del convenio actual por el principio de ultraactividad y llamó a la organización de los trabajadores para enfrentar lo que describió como una ofensiva privatizadora.
“Que haya que ordenar YCRT es real, pero eso no puede significar eliminar convenios colectivos, despedir gente ni pasar por encima de normas nacionales e internacionales”, afirmó. Obregón también advirtió que el caso de YCRT no es aislado, sino parte de un proceso más amplio de desmantelamiento de empresas públicas estratégicas.
Así, mientras desde el gobierno nacional se insiste en “ordenar” la empresa para hacerla viable, desde sectores gremiales y políticos locales se alerta sobre el riesgo de avanzar en ese camino sin diálogo, sin consenso, y sin proteger el trabajo y los derechos adquiridos. La Cuenca Carbonífera asiste una vez más a un momento bisagra, donde el futuro de YCRT vuelve a ser disputado entre el modelo del ajuste y la lucha por una empresa pública con compromiso social y productivo. (MiradaSur)
