Postura de la Diputada Ana María Ianni en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares

La Diputada Nacional por Santa Cruz, Ana María Ianni, expresó sus duras críticas respecto a la organización de la Audiencia Pública convocada para debatir la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno Nacional. La legisladora cuestionó la transparencia del proceso de selección de los oradores, señalando que, a pesar de haber más de cien mil ciudadanos inscriptos, no se brindó información clara sobre los criterios utilizados para determinar quiénes tendrían acceso a la palabra en la única instancia de participación ciudadana directa.
Política26/03/2026
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Durante la primera jornada del debate, Ianni denunció una intención deliberada de ningunear la importancia estratégica de la protección de los recursos hídricos mediante una organización deficiente. La diputada destacó que la falta de claridad en la metodología de la audiencia constituye un obstáculo para el ejercicio democrático de los argentinos, especialmente cuando se discuten modificaciones que podrían afectar la integridad de las reservas de agua dulce situadas en las zonas periglaciares de la Cordillera de los Andes.

En representación de la provincia de Santa Cruz, la audiencia contó con la intervención de jóvenes activistas que manifestaron su rechazo a cualquier modificación que flexibilice la actual normativa de protección ambiental. Entre los oradores destacados por la legisladora se encuentran el calafateño Lucas Di Caro y Vladimir Jaremchuk, oriundo de Comandante Luis Piedra Buena, quienes centraron sus ponencias en la defensa de la soberanía de los recursos naturales y la preocupación por el impacto del cambio climático en las masas de hielo.

Ianni reafirmó su compromiso de seguir de cerca el desarrollo de las sesiones legislativas, subrayando que la voz de los jóvenes santacruceños es fundamental para garantizar que los intereses de la provincia sean escuchados en el ámbito nacional. La discusión sobre la Ley de Glaciares continúa siendo uno de los puntos más sensibles de la agenda parlamentaria, debido a las implicancias directas que tiene sobre la actividad económica y la preservación del ecosistema patagónico.

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