La iniciativa apunta a promover el desarrollo comercial barrial, con la posibilidad de usos complementarios residenciales y de servicios.
La normativa establece la creación de una Comisión Evaluadora integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, del Concejo Deliberante y de la Cámara de Comercio, encargada de analizar los proyectos presentados por los postulantes.
Entre los requisitos, se exige la presentación de un proyecto de prefactibilidad, una inversión mínima estimada y el pago inicial del 5% del valor del inmueble. El precio de venta fue fijado en 24 Unidades Fiscales por metro cuadrado, con una entrega mínima del 50% y la posibilidad de financiar el saldo en hasta 24 cuotas mensuales.
Asimismo, la ordenanza fija plazos concretos para el inicio y finalización de las obras, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria y garantizar el efectivo desarrollo urbano del sector. El decreto de promulgación fue firmado el 2 de julio de 2025 por el Ejecutivo Municipal.
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